Un maestro experto en el tema de las instituciones nos contaba a sus alumnos en el curso de Desarrollo Económico: “¡Las instituciones sí funcionan y lo hacen perfectamente; sólo es necesario entender cuál es su objetivo: si su objetivo es mantener la riqueza en manos de una élite y mantener excluidos a la gran masa de la población en México han funcionado perfectamente por 300 años!”
Para explicar por qué unos países crecen más que otros, por qué algunos países son ricos y otros son pobres, por qué México se rezaga en términos de crecimiento económico en los últimos años, evidentemente hay que considerar los recursos de cada país. Los países con más capital humano (más nivel de educación, capacitación y entrenamiento de su población y sus trabajadores); con más capital físico (capital: dinero y maquinaria) y mejor tecnología (no sólo las técnicas disponibles para las empresas sino la organización de la producción), son los países con mayor riqueza y desarrollo económico. Pero cuando nos preguntamos ¿por qué tienen más capital humano, capital físico y mejor tecnología? La respuesta en la que todos los economistas estamos actualmente de acuerdo, es que la causa fundamental de esa diferencia son sus instituciones; es decir, a que algunos países tienen reglas que incentivan la inversión en esos recursos y otros no.
Así, en el ámbito académico, en los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económicos, y en la evaluación de las políticas económicas se acepta que las instituciones económicas determinan la capacidad de una economía para crecer: una economía crece, cuando tiene instituciones económicas que promuevan la inversión, la educación y el desarrollo tecnológico. Esta explicación nos advierte que la causa de nuestro atraso no está en el exterior, ni en el destino, sino, como apunta Carlos Elizondo Mayer Serra: “el ritmo de crecimiento mediocre de la economía mexicana en las ultimas tres décadas no culpa ni a las condiciones externas ni a la influencia de nuestros vecinos del norte (…) Lo que somos es fundamentalmente resultado de lo que hemos hecho y dejado de hacer”.
Pero, ¿quién determina las instituciones económicas?, ¿cómo se determina en México, por ejemplo, cuánto invertir en educación, ciencia y tecnología y cuánto invertir en rescatar a la banca, en burocracia?, ¿cómo se determinan las prioridades en el presupuesto de gasto y cómo se determina quién y cuánto pagará de impuestos? Lo determina quien tenga más poder político.
Evidentemente, si las grandes empresas pagaran más impuestos y esos impuestos se invirtieran en educación y desarrollo científico-tecnológico, en un mediano plazo tendríamos una mayor tasa de crecimiento económico, parece obvio, ¿pero por qué no se hace?
Las instituciones económicas no sólo determinan el potencial de crecimiento de un país, también determinan la distribución de los recursos (veáse Acemoglu y James Robinson, 2010), también determinan quién se queda con las ganancias del crecimiento económico y quién perderá. Es decir, la decisión de las instituciones económicas implica el enfrentamiento de intereses. Entonces, las instituciones económicas las decide oficialmente quien tenga el poder legal para hacerlo –el poder de jure emanado de las instituciones políticas- pero también lo deciden los grupos o individuos que tengan más poder económico o poder político de facto –quién tenga capacidad de movilizar y coordinar las fuerzas políticas y quien tenga recursos económicos para comprar apoyo político.
Se trata de los famosos poderes fácticos. Un partido político tiene, oficialmente, poder para decidir y orientar los presupuestos del país por ejemplo; pero también grandes empresas o grupos empresariales como Televisa o la Banca tienen poder de facto, para orientar, detener o vetar leyes que las afecten o promover leyes que las favorezcan: de este modo ellas también tienen capacidad para crear instituciones económicas y limitar el potencial de crecimiento económico. Otra vez podemos citar a Mayer Serra: “El problema central se encuentra en la capacidad de ciertos grupos para evitar la formulación y puesta en práctica de políticas públicas favorables al interés general que premien el mérito y doten a los mexicanos de verdaderos derechos universales, y en la debilidad y poca intención de nuestras sociedad para imponer esos cambios (…), se necesita más mercado, pero también más Estado que discipline a nuestros monopolios y oligopolios públicos y privados, así como a otros grupos que hoy cuentan con el poder suficiente para evitar que se les premie con base en el mérito y no gracias a su posición política”.
Desde el punto de vista institucional en el mundo (North Douglas, 1995 y 2010), México siempre es visto como un mal ejemplo: un país atrapado en sus instituciones heredadas de la Colonia, donde durante más de 300 años las instituciones marginan a la mayoría de la población, donde importa el origen de la familia o el compadrazgo político para poder vivir bien y tener acceso a la justicia, al derecho de emprender un negocio o al derecho a un buen cargo importante en el gobierno. Existen los casos donde esfuerzo personal es premiado, pero son casos excepcionales, habitualmente el esfuerzo de la gente debe nadar a contracorriente de las instituciones que marginan, cultural y efectivamente, a “la prole”, “al indio”, “al asalariado”.
¿CUÁL ES EL MANDATO PARA EL PRÓXIMO GOBIERNO?
Entonces, ¿quién determinó las instituciones que han dado cuenta de este mediocre crecimiento de México en la última década? El PAN se presentó en el 2000 como quien iba a desmantelar las viejas instituciones del PRI que nos tenían atrapados en la deuda, la crisis y la corrupción, pero en lugar de ello, quedaron atrapados en las instituciones priístas. El PAN llegó a la Presidencia y Fox de inmediato se rodeó de priístas; Felipe Calderón, para hacer contrapeso al “peligro de la izquierda” pactó con el PRI, con Elba Esther –por eso nuestra política educativa parece estar orientada a tener contenta a la líder sindical y a los maestros privilegiados y no a la enseñanza- y por preservar sus privilegios, adoptó las mismas prácticas políticas de antaño. A cambio de eso, el PRI le pasó la factura: más poder para los gobernadores, menos transparencia en la rendición de cuentas y más impunidad. El PAN dejó a una candidata que sólo puede hacer promesas de ser diferente, pero que no tiene nada qué ofrecer, ya que su partido todo lo ha cedido y todo lo ha pactado; no puede ofrecer enfrentar a los poderes fácticos porque esos poderes lo pusieron y sostuvieron en la Presidencia, no puede ofrecer crecimiento porque no les puede cobrar impuestos a quienes lo pusieron en la Presidencia; no puede ofrecer transparencia y combatir la corrupción porque hoy usa el presupuesto de los programas sociales como herramienta de campaña y el único argumento que le queda es el miedo al cambio, agitar, atemorizar y buscar llenar de rencores a la población. En concreto, no tiene la posibilidad de crear las instituciones económicas que puedan ofrecer crecimiento porque no tiene ni legitimidad, ni capacidad ni la intención de alterar el equilibrio político, su proyecto no se caracterizó por ser incluyente con las capas amplias de la población, preservó la política clientelar y populista de repartir apoyos a los pobres pero sin incluirlos al proyecto de desarrollo económico. Que a nadie sorprenda hoy, que su candidata no tuviera respaldo ni popular ni político por su propio partido.
Las instituciones económicas en México, históricamente han sido decididas por una pequeña élite que decide cómo usar los recursos y cómo apropiarse de la mayoría de ellos –por eso somos uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. Dicha élite, ha elegido ganar pagando salarios bajos en lugar de invertir en educación y desarrollo tecnológico para tener un crecimiento que pueda pagar salarios altos; ha decidido excluir y preservar los privilegios en lugar de intentar un crecimiento incluyente y, en este aspecto, no existe diferencia entre el PRI y el PAN en las últimas tres décadas: ambos optaron por un proyecto que mantiene salarios bajos como herramienta indispensable de la competitividad; estas instituciones económicas emanan del sistema de instituciones políticas donde se ha controlado a las masas y se les ha mantenido fuera del círculo político y excluidas de una representación real.
Así, las instituciones funcionan cuando están respaldadas por un equilibrio político que garantice que cumplirá sus objetivos, cuando no es así, son meros elefantes blancos que dan la imagen de eficiencia y legalidad pero que en la práctica son inoperantes. ¿De qué nos sirve una COFETEL sin dientes, que no puede sancionar a los grandes monopolios o que les pone multas simbólicas que después pierden en amparos? Si no existe un respaldo real de los intereses de la mayoría es imposible enfrentar a los grandes monopolios. ¿De qué sirve que el IFE ponga topes de campaña si no puede vigilar su cumplimiento y no se atrevería a aplicar la sanción correspondiente? Si no existe una fuerza ciudadana que le quite el IFE a los partidos políticos, también esa institución se irá minando y perdiendo credibilidad. Y como hemos visto, con el ejemplo de los jóvenes del movimiento #yosoy132, la democracia funciona mejor y hay más debate y más propuestas, los medios se sienten obligados a informar más equitativamente; en fin, las instituciones políticas funcionan un poco mejor.
A las instituciones no hay que tenerles fe como a las iglesias, hay que vigilarlas y presionarlas para que cumplan su cometido formal.
Las instituciones son resultado de equilibrios políticos, son entes vivos que requieren respaldo, cuidado y vigilancia; México requiere urgentemente nuevas instituciones que promuevan la equidad, que combatan la corrupción –especialmente la de los altos círculos, la “corrupción legal”, la de “cuello blanco”- que desvirtúa cualquier proyecto. Es necesario que el poder político descanse en las mayorías y no en la compra de voluntades o en el miedo.
Una idea que no puede digerir y aceptar el proyecto del PRI-PAN, es que la inclusión de la mayoría al proyecto económico, genera resultados económicos favorables para todos: la equidad en los ingresos promueve mayor bienestar social, mayor inversión en educación y mayor participación política, ingredientes claves para hablar de desarrollo económico y desarrollo político de una sociedad. Abrir la puerta a la sociedad mexicana a la educación de calidad, a los servicios de salud, a una mejor alimentación, no es un costo ni disminuye la competitividad, es una responsabilidad y una inversión que da retornos muy rápidos: una sociedad sana y educada produce más riqueza y sostiene mejores instituciones políticas.
La fórmula está probada: el triunfo de la izquierda en Brasil permitió la inclusión de capas sociales que históricamente habían estado excluidas y, ello promovió el crecimiento económico para todos, para empresarios y para trabajadores. Todos los países desarrollados son más equitativos que México. Mandar “al diablo a las instituciones” que detienen nuestro crecimiento, no garantiza el desarrollo económico, pero vale la pena intentarlo. Por eso, sí es necesario mandar al diablo a muchas instituciones que permiten la impunidad, el despilfarro y la concentración de privilegios para cambiar la trayectoria trágica que ha tenido este país por muchas décadas.
