El nombramiento de un Ministro de la Defensa Civil marcó en Colombia un antes y después en las acusaciones en contra de militares por violaciones a derechos humanos.

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– El 24 de abril de 2014, el Senado mexicano aprobó por unanimidad cambiar el Código de Justicia Militar para poder juzgar en tribunales civiles a integrantes de las Fuerzas Armadas que cometan cualquier delito contra ciudadanos. Más de un año después, y con acusaciones a cuestas por ejecuciones en Tlatlaya y Tanhuato, el papel de las Fuerzas Armadas en la guerra contra el narco ha sido cuestionado al grado que el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, propuso sacar a los militares de las calles y evitar que cometan más violaciones a las garantías de los mexicanos.

La realidad mexicana ha sido comparada muchas veces con Colombia, país que tiene más de 50 años en conflicto armado contra grupos de narcotraficantes, paramilitares y guerrilla. Sin embargo, desde hace más de dos décadas ha entrado en un proceso de paz en el que los reportes sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por militares empezaron a disminuir cuando se empezó a encarcelar a altos mandos del Ejército relacionados con este tipo de delitos.

Así lo señaló Javier Ciurlizza, director para América Latina de The Internacional Crisis Group, una Organización No Gubernamental (ONG), dedicada a la prevención y solución de conflictos, quien expuso que el tema de militares involucrados en agresiones a ciudadanos en Colombia podría equipararse con lo que sucede actualmente en México.

“La justicia colombiana, que no funcionó durante mucho tiempo, ha empezado a enjuiciar y a procesar penalmente a altos mandos de las fuerzas militares por violaciones a derechos humanos y en la Corte se ha afirmado que las violaciones a derechos humanos son siempre jurisdicción de la sociedad civil, que deben ser juzgados en tribunales civiles”, expresó en entrevista desde Colombia.

Para llegar a este punto, recordó, Colombia tuvo que hacer cambios en lo que se refiere a la impartición de justicia y los mandos militares. El primero fue quitarles el fuero; el segundo fue educar, no sólo a militares sino también a fuerzas civiles, en materia de respeto a los derechos humanos; el tercero, establecer reglas de combate que dejan claro en qué casos deben militares y policías usar armas, y un cuarto que ha marcado la diferencia: desde 2004 el Ministerio de la Defensa está encabezado por un civil.

Colombia ha recorrido un largo camino de violaciones a los derechos humanos, impunidad, desaparición forzada y aparición de fosas clandestinas, entre otros. Pero ante esa realidad, señaló el entrevistado, sus gobernantes han permitido y escuchado las recomendaciones de organismos internacionales para recuperar la paz y garantizar la impartición de justicia a las víctimas.

Información de la Fiscalía General de Colombia, citada por Ciurlizza, plantea que entre 2006 y 2010 se investigó a mil 830 militares y subalternos y hasta ahora son siete los oficiales superiores, entre coroneles y generales, condenados por violaciones a los derechos humanos, con penas que van de ocho a 40 años de prisión; algunos purgan las penas en cárceles civiles y a otros se les permite purgarla los cuarteles para garantizar su seguridad.

POLICÍAS Y MILITARES VS DDHH

–¿En Colombia cómo se trató el tema de las violaciones a derechos humanos por parte de militares?

–Colombia ha tenido todos los problemas, pero ha pasado por un proceso de aprendizaje. Las fuerzas de seguridad necesitan una formación adecuada en derechos humanos y derecho internacional humanitario que ha permitido sensibilizar la actitud de policías y militares en temas de respeto a la sociedad civil y eso ha sido un proceso. Algunas sociedades y procesos locales tomaron en serio el combinar seguridad y política social, lo que ha sido exitoso en algunas ciudades. La justicia colombiana, que no funcionó durante mucho tiempo, ha empezado a enjuiciar y a procesar penalmente a altos mandos de las fuerzas militares por violaciones a derechos humanos y la corte ha afirmado que las violaciones a derechos humanos son siempre jurisdicción de la sociedad civil.

–¿Cuál es la diferencia entre la manera como manejó Colombia su guerra contra el narco y como la está manejando ahora México?

–Colombia ha tenido un largo proceso en derechos humanos, pero con relación a México la diferencia fundamental es que en Colombia, al existir un conflicto armado, era más fácil establecer reglas de combate y humanitarias, aplicando el derecho internacional; es mucho más difícil, incluso para Colombia, el aplicar esas reglas para los cárteles de la droga. Ha sido exitoso –el proceso contra los grupos de narcotraficantes-, pero mucho menos exitoso que el combate a conflictos armados.

–¿Cómo se prepara en Colombia a los militares y a la Policía Nacional en materia de Derechos Humanos?

–Las reglas de combate forman parte de la currícula de formación militar de los niveles más elementales desde el servicio militar obligatorio hasta los estudios más avanzados de oficiales en la Escuela Superior de Guerra. Un oficial del Ejército colombiano debe pasar por varios cursos obligatorios que tienen que ver no sólo con organismos de derechos humanos sino también con el estudio de la jurisprudencia y ejercicios prácticos sobre decisiones que deben tomar los militares sobre el uso de armas de fuego. Esto es importante porque los bombardeos aéreos eran parte de las estrategia militar que provocó muchas bajas de civiles.

–¿ Y qué tanto aprenden?

–Todavía hay algunas actitudes reactivas frente al tema, pero nadie en las fuerzas militares colombianas permitiría que los militares no den testimonios a un mecanismo de una investigación, como pasó en México –con el caso Iguala-, en Colombia los militares están muy fiscalizados; es normal que soldados y los funcionarios militares respondan a mecanismos judiciales de investigación.

–¿Y en el caso de la policía civil?

–La Policía Nacional forma parte de las Fuerzas Militares, están integradas al Ministerio de Defensa por el conflicto armado. En México hay críticas y decisiones de que la Policía se separe, toda la formación que reciben las fuerzas militares la recibe la policía civil, la diferencia es que hay una sola Policía en el país. Te diría que en general, a nivel de la tropa, probablemente la Policía esté mejor informada pero a nivel de la oficialidad, los militares están mejor preparados en esto. El abuso de militares en derechos humanos ha disminuido, entre 2010 y 2015 se dice que sólo 2.5 por ciento de las muertes en un conflicto ha sido inducidas por fuerzas militares

–¿Cuál ha sido la reacción del gobierno de Colombia ante críticas de organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos por parte de sus fuerzas civiles y militares?

–Los gobiernos, a partir de Ernesto Samper (1994-1998) y Andrés Pastrana (1998-2002), se abrieron más a la supervisión internacional con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) la actitud fue más hostil y reactiva porque fue una cuestión muy considerable contra las guerrillas y al gobierno en general no le gustaban, y, ahora, aunque al gobierno no le gustara no se negó la supervisión. Desde 1996 existe una oficina del alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja actúa en total libertad y acceso y aquí están todas las agencias humanitarias que podemos imaginar. Hay una misión de la OEA [Organización de Estados Americanos], hay muchísimas agencias reconocidas por el gobierno de Colombia. Aunque con Uribe hubo cierta tensión, no disminuyó la presencia y ahora con Santos [Juan Manuel] desde 2010, el proceso de paz con las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] el diálogo se ha intensificado. Hay diferencias duras –entre los organismos internacionales y el gobierno-, pero Colombia está supervisada, lo que no significa que se les escapen tiros o que pasen cosas.

-¿Cuáles eran las principales diferencias entre el gobierno de Álvaro Uribe y organismos internacionales?

-En el caso colombiano, el narco fue un problema en el que Uribe se negaba a reconocer que existía un conflicto armado en Colombia, eso favoreció la aparición de condiciones como ‘falsos positivos’ [un escándalo que estalló a finales de 2008 relacionado con el involucramiento de elementos del Ejército de Colombia en el asesinato de civiles inocentes a los que hacían pasar como guerrilleros muertos en combate], se carecía de reglas humanitarias cuando Colombia avanza es cuando admite que existe un conflicto y que necesita algún tipo de regulación. En el tema contra el narco es más complejo, incluso en Colombia. Ahora, contra las bandas criminales existe un conflicto de ley que busca regular la manera en que se puede negociar con bandas criminales para someterlas a la justicia y desde hace 4 años justifica que se puede usar armas de fuego en estas tareas.

LA DEFENSA A CARGO DE UN CIVIL

–¿Cómo trabaja el Ministerio de la Defensa?

–El Ministerio de la Defensa ha sido encabezado por un civil desde 2004.

–¿Eso ha marcado la diferencia?

-Sí ha marcado la diferencia, ahora que hay un control civil. Hay una historia antigua en Colombia parecida a la mexicana en el sentido de subordinación, que no hay riesgo de golpe de Estado y está claro el comando del Presidente, obviamente los militares en Colombia tienen su cuota de poder político y económico porque tienen muchas concesiones, y una gran parte del presupuesto nacional, que a veces no es muy bien controlado, ahora los militares, en el caso del proceso de paz con las FARC, si hay alguna inconformidad se sabe que eso se expresa en los canales institucionales si no llega a ser un tema público. Pero sí hace al diferencia que sea un civil la cabeza.

–Un tema que une a México y Colombia es de la asesoría que el General Óscar Naranjo [ex director de la Policía Nacional y reconocido por su lucha contra los cárteles de la droga] le dio a Enrique Peña Nieto desde que era candidato a la Presidencia en materia de combate al narco y la creación de la Gendarmería Nacional, ¿cómo califica esta asesoría?

–No he hablado con él. Se lo pregunté una vez, pero él me dijo que estaba bajo un acuerdo de confidencialidad. Mi impresión es que fue una asesoría incompleta. Me parece que el General operó a través de una institución académica y reclutó algunos investigadores, pero eso se desarmó muy rápido y creo que tiene que ver con que sus sugerencias no eran escuchadas, era un adorno, además de que estaba muy presionado en Colombia para asumir su puesto como negociador con las FARC y en el manejo del post conflicto. Creo que como sus sugerencias no eran escuchadas prefirió retirarse.

–¿Y las asesorías que este grupo de élite en la lucha contra el narco le está dando a las policías mexicanas?

–Muchos organismos colombianos han trabajado desde Calderón [el ex Presidente de México], como el Gaula que es una unidad antisecuestros, el CTI [Cuerpo Técnico de Investigación de la Policía de Colombia], las unidades contra terroristas del Ejército han tenido mucha presencia… Se maneja mucha reserva, no se publica nada, lo que uno puede escuchar es que la asesoría ha sido básicamente operativa, es decir, cómo organizar operaciones de elite para rescatar rehenes o cómo resolver una toma de instalaciones o cómo articular inteligencia a través de redes de informantes. También con la llamada Unidad de Contexto que tiene el objetivo de golpear a las estructuras de organizaciones delictivas a través de las cadenas de mando. La Policía Federal está interesada en tomar esa Unidad como un modelo para México en casos como el de Ayotzinapa.

–¿Cómo opera esta unidad?

–Opera desde 2012 para depurar los procesos judiciales de acuerdo a su gravedad porque si no tienes una estrategia de priorización, lo que haces es irte por los rangos bajos de la criminalidad y la Unidad de Contexto lo que hace es proponer a la Fiscalía General una serie de casos basado en cuando tienes una serie crímenes atribuibles a una misma organización no debes abrir varias averiguaciones sino una sola, de esa manera escoge casos muy complejos y permite englobar a la estructura completa y priorizar a los máximos responsables de los más graves crímenes. Se integró para terminar con un problema muy grave en Colombia: había más de 12 mil procesos que no tenían orden y era mejor escoger un número específico.