Por Carlos Acosta Córdova
MÉXICO, DF, 27 de junio (apro).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral (IFE) no encontró indicios de que los fondos presuntamente contratados por una empresa vinculada al Partido Revolucionario Institucional, con el banco Monex, vayan a ser utilizados para la compra y coacción del voto.
Por lo tanto, declaró como improcedentes las medidas cautelares –entre ellas, congelar las cuentas de Monex– solicitadas el martes 26 por el Partido Acción Nacional (PAN).
En efecto, el PAN presentó ante el IFE una queja en la que acusa al PRI de realizar una presunta operación financiera con tarjetas de Monex por un monto de alrededor de 700 millones de pesos para la compra y coacción del voto, lo cual podría implicar además un rebase en los topes de campaña.
Respecto de esto último, la Comisión de Quejas y Denuncias señaló hoy que la Unidad de Fiscalización está llevando a cabo las diligencias necesarias y que, hasta el momento, tiene acreditado lo siguiente, de acuerdo con un comunicado:
–Las dos tarjetas que se presentaron como prueba en la queja forman parte de una serie de 9 mil 924 tarjetas que una persona moral de carácter mercantil contrató con Monex, por el periodo de abril a octubre de 2012.
--El monto total fondeado a las 9 mil 924 tarjetas asciende a 70 millones 815 mil 534 pesos.
–Se continúa haciendo diligencias: a la persona moral de carácter mercantil que contrató con Monex se le solicitará que proporcione nombre y expedientes de los beneficiarios de cada una de las tarjetas.
–A la Comisión Nacional Bancaria, una vez conocidos los beneficiarios de las tarjetas, se le hará la solicitud correspondiente.
–Al Servicio de Administración Tributaria (SAT) se le solicitó la información fiscal de la persona moral de carácter mercantil que contrató con Monex los monederos y de las personas físicas relacionadas con la misma.
Respecto de la presunta compra y coacción del voto, la Comisión de Quejas ordenó la remisión del expediente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), conforme a lo solicitado por el denunciante, el PAN.
“Esta decisión –concluye el comunicado– no prejuzga respecto de la existencia o no de los hechos denunciados. La secretaría ejecutiva del IFE continuará con el procedimiento hasta su resolución definitiva por el Consejo General.”
Por su parte, el consejero Alfredo Figueroa, miembro de la Comisión de Quejas, señaló que la denuncia establecida por el PAN “tiene dos horizontes, uno pasa por la materia de fiscalización y otro con lo solicitado a esta comisión.
“Al hacer el análisis de los elementos, si bien existe una serie de tarjetas, si bien existe un fondeo de 70 millones, todos los elementos en el expediente, incluyendo el testimonio que durante la propia sesión se nos hizo, no se desprende que la contratación de estas personas pudiera siquiera suponer que su tarea tendría que ver con la compra de votos”.
