El problema de las drogas en Estados Unidos está cambiando de las sustancias ilícitas, como la cocaína, al abuso de medicamentos de prescripción contra el dolor, un cambio que está forzando a los legisladores a reexaminar la larga y cara estrategia para tratar de impedir que ingresen drogas ilegales a Estados Unidos, publica The New York Times.
Este replanteamiento va más allá de Estados Unidos en donde los legisladores están debatiendo cuál es la mejor manera de reducir la demanda de medicamentos contra el dolor.
El diario señala que los efectos también podrían sentirse aquí y en Centroamérica: debido a que en México la guerra contra las drogas está aumentando la violencia, algunos argumentan que el dinero que se está utilizando actualmente para su prohibición sería mejor que se invirtiera en fortalecer las instituciones –especialmente los tribunales y procuradurías– lo cual podría generar una estabilidad a largo plazo en México y en cualquier lado.
“Las políticas que ha tenido Estados Unidos en los últimos 41 años ya son irrelevantes”, comentó Morris Panner, ex fiscal contra-narcóticos en Nueva York y en la Embajada Estadounidense en Colombia, quien actualmente es asesor en la Facultad de Gobierno Kennedy en Harvard.
“Durante años, Estados Unidos se ha preocupado por los embarques de cocaína y heroína pero no le ha importado si esas políticas funcionan o no porque actualmente está preocupado ya que los estadounidenses están utilizando medicamentos de prescripción”.
La misma sensación respecto a que es necesaria una nueva solución fue expresada la semana pasada por el gobernador Chris Christie de Nueva Jersey, ex fiscal federal quien declaró que la guerra contra las drogas es un “fracaso” que encarcela a personas que lo que realmente necesitan es tratamiento médico.
The New York Times menciona que aunque un cambio importante en las políticas no es inminente, es muy probable que la elección del nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto, tenga un impacto inmediato en el debate. Pues el virtual presidente electo ha prometido que no se enfocará en las drogas sino en reducir los crímenes violentos que afectan a la mayoría de los mexicanos.
México y sus vecinos, especialmente Honduras, El Salvador y Guatemala, están siendo fulminados por una amenaza de metástasis: la violencia causada por los narcotraficantes que luchan por el poder para mover las drogas, extorsionan negocios, secuestran y matan a cambio de una recompensa, dice el rotativo.
Hasta ahora, la respuesta estadounidense ha sido mayormente una escalada de fuerza, caracterizada por la adición de oficiales que aplican la ley, equipo militar y personal para ayudar a los gobiernos que son demasiado débiles a combatir el narcotráfico por su cuenta. Sin embargo, en México – en donde se han enfocado los esfuerzos estadounidenses contra las drogas en los últimos años – es evidente el cambio en las prioridades.
Desde el 2010, los programas para reforzar el dominio de la ley y construir comunidades más fuertes han sido los renglones más importantes en el presupuesto anti-drogas del Departamento de Estado, la mayor parte de estos recursos fueron asignados a México. Eso se revirtió del 2008 al 2009, ya que el 70 por ciento de esos importes era destinado a la seguridad fronteriza y equipo pesado como helicópteros.
Algunos oficiales de la Agencia Anti-Drogas y el Departamento de Justicia han comentado que ahora reconocen que el arresto de capos de la droga y el decomiso de grandes embarques de narcóticos no han logrado que México sea más estable, mayormente debido a la corrupción y a otras fallas en el sistema de justicia mexicano.
Funcionarios estadounidenses revelaron que actualmente están enfocados en el entrenamiento de los guardias de prisiones mexicanas, fiscales y jueces a la vez que siguen apoyando programas mexicanos cuyo objetivo es impedir que los jóvenes que están en riesgo se unan a las pandillas.
“En algunos países se considera que la mayor amenaza contra el crecimiento económico y la democracia es la delincuencia”, comentó Mark Feierstein, asistente del administrador de la Agencia de Desarrollo Internacional para Latinoamérica y el Caribe de Estados Unidos.
