MÉXICO, D.F. (apro).- Por considerar que atenta contra los derechos humanos y la libertad en Internet, y por tratarse de un acto “autoritario” del Ejecutivo federal, representantes de empresas, académicos, activistas y especialistas en el tema de la agenda digital pidieron al Senado no ratificar la firma del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).
El senador Javier Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, expresó en rueda de prensa su preocupación de que los legisladores electos del próximo Senado “puedan variar su posición y ratificar dicho acuerdo”.
Por esta razón, advirtió, “he llamado a que no solamente nos quedemos en el marco legislativo, sino que también mantengamos la presión en las redes, la presión social a los legisladores electos para que tengan toda la información disponible y tengan muy claras las consecuencias de firmar el ACTA”, advirtió Castellón Fonseca, legislador del PRD, y quien encabezó las consultas en septiembre de 2011, cuando el Senado rechazó por unanimidad la firma de este acuerdo.
Acompañado por más de 15 representantes de distintas organizaciones, Castellón Fonseca advirtió que el problema principal del ACTA radica en el artículo 27, denominado de “observancia en el entorno digital”, que dice lo siguiente:
“Una parte podrá establecer, conforme a sus leyes y reglamentos, que sus autoridades competentes están facultadas para ordenar a un proveedor de servicios en línea, que divulgue de forma expedita al titular de los derechos, es decir, al titular de los derechos de autor, de alguna imagen, de alguna obra, video, música, etcétera, información suficiente para identificar a un suscriptor cuya cuenta se presume fue utilizada para cometer una infracción, cuando dicho titular de los derechos haya presentado una reclamación con suficiente fundamento jurídico”.
Castellón Fonseca advirtió que en un país de “presuntos culpables”, como México, “es probable que nuestra información de la cuenta de usuarios y demás sea proporcionada a ese titular”.
El vocero de la asociación Artículo 19, Antonio Martínez Velázquez, informó que este organismo, con sede en Londres, concluyó que también las disposiciones de los artículos 81, 9, 1, 25.3 y 23.4 del ACTA vulneran el derecho a la libertad de expresión y “se configura un escenario de censura previa del Estado”.
Ernesto Piedras, del equipo de Competitiy Inteligent Unity, que analiza mercados y regulación en telecomunicaciones, subrayó que el ACTA permite la violación a la privacidad en las esferas digitales.
“TENTACIÓN AUTORITARIA”
Daniel Gershenson, representante de usuarios de Twitter y de la agrupación @alconsumidor, calificó como una “tentación autoritaria” la firma del ACTA por parte de algunos sectores políticos y económicos del país.
Subrayó que esta firma coincide con el veto presidencial a la Ley General de Víctimas.
A su vez, Emilio Saldaña, empresario representante de la Asociación Mexicana de Empresarios de Software Libre, señaló que el ACTA “criminaliza” la actividad de compartir contenidos en Internet.
“Los usuarios de Internet no estamos obligados en un momento dado a pedir permiso a cada uno de los autores para compartir material, porque además no estamos haciendo lucro del mismo, estamos ejerciendo el derecho que tenemos de acceder al conocimiento y compartir ese mismo conocimiento. Esto viene a violentarlo directamente ACTA”, acusó.
El abogado Luis Fernando García aclaró que también las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) están relacionadas con la firma del ACTA.
Castellón Fonseca agregó que una de las especulaciones es que fue una condición impuesta en la reciente reunión del G-20 realizada en México.
Óscar Mondragón, consultor en Internet, insistió en que lo importante es construir una contrapropuesta que defienda los derechos de los usuarios de telecomunicaciones e Internet.
“Debemos comenzar a cambiar el debate y tenemos que comenzar a pensar en términos de derechos, hay que pensar sobre el derecho a acceder a Internet como un derecho universal”, subrayó.
Jesús Robles Maloof, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, recordó que una de las razones principales del Parlamento Europeo para rechazar el ACTA fue que ese acuerdo contiene “disposiciones ambiguas”, y recordó que cuando este tipo de disposiciones se traducen en delitos penales, ocurre lo que sucedió en Veracruz, donde se persiguió a usuarios de Twitter.
